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Mar del Plata | Domingo 26 de Mayo del 2019 a las 06:00:55.
A pesar del aumento de las sanciones, los casos de gatillo fácil no ceden en la Provincia
El caso de los cuatro jóvenes muertos en un accidente tras ser perseguidos a los tiros por policías volvió a poner en escena un tema que, pese al paso de los años y las administraciones, parece no tener solución: la violencia institucional y el gatillo fácil.
Pese a los controles y sanciones, que aumentaron en los últimos años, los datos oficiales muestran que los casos de violencia institucional se mantienen a lo largo de los años, casi sin alteraciones. En la mayoría de los ellos aparecen implicados oficiales de la Policía bonaerense, seguidos por miembros del Servicio Penitenciario provincial y, en menor medida, personal de otras fuerzas.
Con más de 90 mil efectivos, la Bonaerense es el principal cuerpo armado del país. Su omnipresencia también se siente en las denuncias de violencia institucional: según las estadísticas de la Procuración General, en el primer semestre de 2018 (el último registro disponible) hubo 2.556 denuncias por violencia institucional: en el 57% de los casos aparecen como implicados oficiales de la fuerza provincial (1.456 casos). Se trata de ocho denuncias diarias, una cada tres horas, por delitos que van desde lesiones leves hasta homicidios.
Otros datos marcan esta realidad, según refleja la agencia DIB: de las 23 muertes denunciadas como casos de violencia institucional, 12 se les imputan a miembros de la fuerza; de los 737 hechos denunciados en la vía pública, en 609 intervino al menos un integrante de la Policía provincial.
En total, por las 2.556 denunciadas realizadas en el primer semestre del año pasado fueron denunciadas 1.060 personas, aunque apenas 44 fueron formalmente imputadas por algún delito. De ese universo, 29 son bonaerenses.
Las sanciones aplicadas se multiplicaron considerablemente en los últimos años, pero parecen no hacer mella en la evolución de los casos de violencia institucional.
Según datos del Registro de Expulsados del ministerio de Seguridad creado a fines del año pasado, durante el gobierno de María Eugenia Vidal se produjeron 163 exoneraciones y cesantías de policías de todos los rangos por causas caratuladas como de "violencia policial". Si bien algunos de ellos están relacionados a casos ocurridos años atrás (los más paradigmáticos son los de los represores Miguel Etchecolatz y Carlos "Oso" García), en los tres años anteriores (2013-2015) se produjeron apenas 24 bajas. Pese al contraste, las denuncias por casos de gatillo fácil continúan estables.
Según los datos oficiales, desde 2015 a la actualidad se realizaron en total (sin discriminar por tipos de casos) 31.490 denuncias contra policías, y se apartó a 12.500 oficiales, de los cuales 1.900 terminaron exonerados y otros 2.444 suspendidos, mientras que 857 fueron detenidos.
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