Un enfrentamiento entre recicladores en el predio de disposición final de residuos terminó este viernes con una persona muerta, otros dos heridos de arma de fuego y dos policías golpeados.
A pocas horas de la muerte del reciclador, la concejal de Acción Marplatense, Eva Ayala, utilizó las redes sociales para cuestionar al gobierno del intendente Guillermo Montenegro. “Muerte en el basural: “El abandono no es gratis y los costos no los están pagando los que abandonan”, escribió la edil opositora y agregó: “Hay muerte porque hay caos. Violencia, disputas, drogas, reina el abandono”.
La serie tuits provocaron un enorme enojo en la ciudad de La Plata, según confiaron distintas fuentes. Sucede que la policía del gobernador Kicillof tiene a su cargo la seguridad del predio.
Por otra parte, integrantes de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias recordaron las pésimas condiciones del basural en la gestión de Acción Marplatense. Detallaron que en febrero de 2014, a partir de una denuncia, la fiscalía federal N° 1 de Mar del Plata, en ese entonces a cargo de Pablo Larriera, comenzó a intervenir en la causa por las posibles condiciones laborales calificadas como “inhumanas” de unas 410 personas en el “viejo predio de disposición de residuos”. Esto se debió a que esas conductas podrían resultar presuntos casos del delito de trata de personas, durante el gobierno del exintendente Gustavo Pulti.
Gracias a la investigación realizada, se pudo constatar que entre las personas se encontraban una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad en el lugar, “desarrollando algunos de ellos tareas de separación, acopio y/o recolección de los residuos que allí llegan, en su mayoría acompañando a sus familias, y con problemáticas diversas tales como adicciones, desempleo familiar, deserción laboral y/o carencia de beneficios sociales”.
De esta manera, Larriera le solicitó en aquel momento al exintendente y actual diputado provincial, Gustavo Pulti, que “arbitre en forma urgente […] todos los medios institucionales bajo su órbita y a través de las áreas correspondientes, para impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes al predio denominado exbasural a cielo abierto”.
El objetivo del pedido fue “impedir cualquier práctica que conlleve a las situaciones de explotación del trabajo infantil y/o trata de personas con fines de explotación laboral, teniendo en especial consideración las actuales condiciones de vuelco de residuos en este predio, así como de cualquier situación de riesgo a dicho colectivo que allí se suscite”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario “no sólo la adopción de pautas de vigilancia o restricción de ingreso, sino también la aplicación efectiva de medidas alternativas de cuidado y/o contención de los niños que acompañan a sus progenitores en el predio, en otros ámbitos estatales (educacionales, sanitarios, etc.), así como la implementación simultánea de políticas de restitución de derechos a personas o familias en situación de vulnerabilidad que allí viven, pernoctan y/o concurren”.
Una de las personas que aportó su testimonio a la causa fue Silvia Adriana Martínez, de la Parroquia San Francisco de Asis y perteneciente al grupo que se denomina “Pastoral del Basural”.
Martínez realizaba trabajos de voluntariado en el lugar y a raíz de ello, pudo otorgar datos concretos tanto de la realidad social imperante como de las posibles o presuntas causas que generan la vulneración de derechos de niños, jóvenes y adultos en el lugar. Entre otras cosas, señaló que cuando se hizo el predio nuevo de tratamiento de residuos, su capacidad quedó chica para la cantidad de residuos de Mar del Plata y para las cincuenta personas que allí trabajaban.
Lo anterior, señaló la mujer, llevó a que los propios camiones de recolección de residuos comenzaran a volcar el contenido en la planta estatal y en el predio contiguo, donde se situaba el exbasural. Esto último generó que “toda esta gente con problemática social y pobreza”, entre los que hay “familias, niños, jóvenes, señoras grandes”, fuera “a recolectar basura”.
Asimismo, Martínez señaló en el 2014 que el Banco Interamericano de Desarrollo, al aportar fondos a la Municipalidad para realizar la nueva planta de tratamiento de la basura, “entregó también fondos para solucionar el problema social, esto es la gente desempleada que allí junta residuos”. Sin embargo, agregó que eso “por los hechos no ocurrió, [ya que] sigue habiendo gente recolectando basura […]. Es decir, es una problemática social que no es solucionada”.