Luna Roja y la resolución judicial por la contaminación: tareas comunitarias para limpiar playas

La investigación penal contra la firma EJC S.A., administradora del complejo de cabañas construido a metros del Arroyo Lobería y desde el cual se vertieron efluentes cloacales, fue cerrada por la Fiscalía.

La investigación penal en torno a la contaminación del balneario Luna Roja, perpetrada por la firma EJC S.A., administradora del complejo de cabañas construido a metros del Arroyo Lobería y desde el cual se vertieron efluentes cloacales, fue cerrada por la Fiscalía.

En las redes sociales, el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur denunció que la empresa “volcó la cloaca durante 12 años a las aguas del arroyo Lobería y la Playa Pública. Según los valores de E. Coli y Enterococos, se verían afectadas aproximadamente unas 8457 personas que habrían padecido enfermedades gastrointestinales y Enfermedades Agudas Febriles Respiratorias sin haber conocido el origen de la afectación”.

Además, se resaltó que se “destruyó la estela recordatoria de las 5 víctimas del terrorismo de Estado. Construyó Cabañas en zona restringida y expulsó a la gente del sector público. Al momento de la inspección presentó un certificado de habilitación municipal vencido hacía cuatro años”.

A su vez, puntualizaron que “según informe de la Autoridad del Agua el hecho ‘genera preocupación la intervención espontánea sobre estos ambientes tan frágiles, ya que, de permitirse acciones como la aquí denunciada, los daños ambientales serán graves e irreversibles” y «las construcciones sobre área de acantilados a escasos metros de la playa presentan alto riesgo ya que son zonas inestables, cabe destacar que esta área ha sido clasificada como zona con un moderado y alto ritmo de erosión marina’.

A continuación, revelaron que “cuatro años después de haber descubierto en flagrancia el volcado de cloacas a la playa y al arroyo Lobería en balneario Luna Roja, el cual se emplaza en la Unidad Turística Fiscal Playa Bonita llegó el momento de la audiencia judicial, que pondrá en debate la propuesta alternativa de resolución propuesta por el Agente Fiscal Pablo Adrián Cistoldi y aceptada por su Defensor de Pobres y Ausentes”.

En ese sentido, detallaron que se establece que “aceptamos la propuesta de suspensión de proceso a prueba formulada por el Sr. Agente Fiscal: por el término de 1 año y 6 meses, bajo las siguientes reglas de conducta: a) fijar domicilio; b) sujetarse al contralor del Patronato de Liberados; c) efectivizar 200 horas de tareas comunitarias, a disposición de la autoridad municipal (realizando limpieza de playas y/o cualquier otra actividad que implique una contribución directa al cuidado y preservación del Medio Ambiente de nuestra ciudad; y/o participando en campañas de concientización para el cuidado del Medio Ambiente, en particular sobre el cuidado al Arroyo Lobería y playas aledañas)”.

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