De acuerdo a lo que se puede observar en el sitio oficial del Concejo Deliberante, la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, no tiene publicada su declaración jurada patrimonial 2024. De esta forma, la edil está violando lo que establece la ordenanza registrada bajo el N° 13914.
En dicha normativa, se remarca “establécese la obligatoriedad por parte del Departamento Ejecutivo de publicitar las Declaraciones Juradas Patrimoniales por Internet en las páginas oficiales de dicho Departamento y del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, de los funcionarios municipales desde Director inclusive y jerarquías superiores, incluyendo Subsecretarios, Secretarios, Intendente y Concejales”.
“La democracia como estilo de vida requiere disponer de mecanismos de uso público, que constituyan una apertura natural y permanente hacia la sociedad que representan. Con este sentido fue promulgada la Ord. 13914, que dispone la obligatoriedad de publicar las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios municipales” se indica en el portal de la Comuna local.
En uno de sus últimos pedidos de informes, la edil le reclamó al Ejecutivo local “garantizar la transparencia” en las acciones de gobierno. Transparencia que brilla por su ausencia en la actualización de la declaración jurada de la concejal opositora, ya que la actualmente publicada en la web del HCD tiene fecha 28 de diciembre de 2021 con el sello del exbloque Frente de Todos.
En el Día de los Inocentes, hace un poco más de tres años, Cuesta declaró tener viviendas en Mar del Plata y Mar Chiquita, un depósito bancario en pesos, una camioneta Ford Escort y acciones ordinarias de su “conviviente”.
¿Por qué son necesarias las Declaraciones Juradas de funcionarios?
«El Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales permite prevenir y detectar incompatibilidades, conflictos de intereses y eventuales enriquecimientos ilícitos por parte de los funcionarios, por lo que constituye una herramienta eficaz para proteger los intereses públicos y dotar de mayor transparencia a la gestión del Estado«, destacan desde la Oficina Anticorrupción de la Nación .