Cuando se aprobó el Presupuesto municipal 2026 la oposición reclamó “transparencia” en torno al accionar de la empresa contratada por el gobierno comunal para brindar asistencia en la gestión tributaria con el objetivo de mejorar la cobrabilidad a cambio de un porcentaje.
A principios de 2025, el Ejecutivo local adjudicó una licitación que se lanzó para contratar un servicio de asistencia en la gestión tributaria que permitiera detectar grandes deudores con características específicas y mejorar la cobrabilidad de las tasas y tributos municipales.
Según lo estipulado en el pliego licitatorio, se trata de una contratación por cuatro años, más otro posible de prórroga, tiempo en el que la empresa debe brindar una “servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento y modernización de la gestión tributaria” a cambio de un 26% que percibirá la firma sobre los “montos efectivamente ingresados en la Tesorería Municipal que signifiquen cancelación de créditos corrientes o no corrientes, correspondientes al pago de tasas, derechos y/u otras contribuciones de recaudación municipal que superen la base de recaudación del mes correspondiente”.
El bloque de concejales de Unión por la Patria reveló hace pocas semanas que el municipio ya gastó, al menos, más de 1.000 millones de pesos para las empresas contratadas para mejorar la situación tributaria. En ese marco, solicitaron detalles de cuánto lleva gastado el Ejecutivo en este contrato y cuáles fueron los resultados obtenidos por estas empresas en favor del municipio.
El planteo surge a partir de tres pagos realizados durante 2026 al consorcio integrado por KARSTEC S.A. e IT NET S.A., contratado por el Municipio para brindar asistencia en la gestión tributaria. Los desembolsos, correspondientes a servicios que se habrían prestado durante julio, agosto y septiembre de 2025, suman $1.057.258.566,85.
En las últimas horas, trascendió que la polémica empresa le reclama ahora otro pago de casi 800 millones de pesos a la Comuna.
Los hermanos Hermann Rodolfo y Cristian Enrique Karsten formaron Karstec en los ’90 en Corrientes, desde donde extendieron sus vínculos y negocios a varias provincias y municipios a través de diferentes sociedades anónimas.
“Más de mil millones de pesos por tres meses es mucha plata. El gobierno tiene que explicar qué está pagando, qué hicieron concretamente estas empresas y qué resultados consiguieron”, sostuvo el concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid.
La contratación fue realizada, a través de una licitación pública. Ante los montos conocidos, Obeid pidió que el gobierno municipal informe cuánto lleva pagado en total desde el comienzo del contrato, cuáles fueron las tareas efectivamente realizadas y qué resultados se obtuvieron.
“Hay empleados municipales que ya trabajan en la recaudación y gestión de las tasas. Si el gobierno decidió pagar miles de millones a empresas privadas para asistir en esas tareas, tiene que explicar por qué, para hacer qué y con qué resultados”, afirmó Obeid.
Según había explicado el Ejecutivo, el contrato buscaba fortalecer y modernizar la gestión de distintos tributos municipales. Entre las tareas previstas se encontraban acciones para incrementar la recaudación, actualizar los padrones de contribuyentes, detectar mora temprana, mejorar la gestión de deuda y capacitar al personal municipal.
Por esas acciones, las empresas percibirían una comisión del 26% sobre la diferencia entre los ingresos obtenidos y una recaudación mensual base, que toma como referencia lo recaudado por cada tributo durante 2024.
Según la documentación incorporada al pedido de informes, el Municipio realizó un pago de $247,5 millones el 8 de enero, otro de $419 millones el 6 de marzo y un tercero de $390,6 millones el 22 de abril.
El pedido de informes de Unión por la Patria solicita además conocer cuántas personas de las empresas están afectadas al servicio y qué oficinas y equipamiento utilizan, especificando si se trata de recursos privados o pertenecientes al propio Municipio.
También reclama que el gobierno municipal detalle todos los certificados liquidados desde el inicio de la contratación, con sus montos, fechas de pago y períodos correspondientes, para determinar el costo total que tuvo hasta ahora el servicio.
“La plata de los vecinos hay que cuidarla. Cada peso que se destina a un servicio privado tiene que estar justificado. Son recursos que también hacen falta en salud, seguridad y en las calles de Mar del Plata y Batán. Hay que administrar mejor”, concluyó Obeid.