La Comuna de General Pueyrredon llamó a una licitación pública para la contratación del servicio de asistencia en la gestión tributaria con el objetivo de mejorar la recaudación con la recuperación de contribuyentes en condiciones de pagar las tasas.

En el complejo de balnearios, dos licitaciones suman casi un canon anual de 50 millones de pesos. Un monto ampliamente superior al proceso de licitatorio que está avanzando en el Concejo Deliberante que estipula un canon de casi 7 millones de pesos por el negocio de la publicidad en la vía pública en el distrito de General Pueyrredon.

Mientras que en la mayoría de las localidades balnearias las construcciones se retiran de la línea de ribera, en la zona sur de Mar del Plata está sucediendo lo contrario.

Se ha transformado en algo preocupante y recurrente que estas empresas llegan al país, en algunos casos en buscan de ganancias muy rápidas pero luego se retiran, después de prometer “competencia, crecimiento económico además de estabilidad y la generación de empleo”

La investigación penal contra la firma EJC S.A., administradora del complejo de cabañas construido a metros del Arroyo Lobería y desde el cual se vertieron efluentes cloacales, fue cerrada por la Fiscalía.

La concejal, Eva Ayala, cuestionó el pliego de licitación publicitaria en la vía pública que “se camufla con el supuesto mantenimiento del mobiliario urbano” . “Siguen regalando a sus amigos porteños los bienes que son de todos los marplatenses”, destacó.

Al igual que esta semana, la comisión de Obras del Concejo Deliberante no tiene en el orden del día del próximo martes ninguna iniciativa para avanzar en la construcción de edificios en la ciudad por la vía de la herramienta de la excepción.

La Comisión de Obras del cuerpo legislativo decidió frenar el tratamiento de los expedientes que establecen excepciones para la industria de la construcción.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de dos hombres y de su madre por el delito de lavado de activos, que provinieron de la administración fraudulenta de un consorcio de propiedades y que se utilizaron para la adquisición de un inmueble en el macrocentro marplatense.

El intendente decidió rescindirle a la firma Hugentobler SRL el contrato de compraventa de un predio en el Parque Industrial.